Según el último informe de Foro Regulación Inteligente: «Inversión y burocracia en el sector de las renovables: el caso de Castilla y León»

La burocracia de las renovables pone en riesgo la inversión y el empleo en Castilla y León

Tanto el liderazgo de la región en renovables como la creación de puestos de trabajo están en peligro ante las trabas de la Administración Pública.

Un ejemplo práctico es lo que sucede en el municipio de Renedo de Esgueva, en la provincia de Valladolid, donde hasta la fecha se ha impedido la construcción de una planta fotovoltaica, que lleva aparejada la inversión prevista de 40 millones de euros, además de 5 millones de euros en aportación a las arcas municipales y la creación de 100 puestos de trabajo en un centro operativo.

Foro Regulación Inteligente ha presentado hoy en Valladolid un informe que alerta del peligro que supone el exceso de burocracia en el desarrollo de proyectos renovables en Castilla y León. Según el think tank, liderado por Diego Sánchez de la Cruz, la región tiene una oportunidad de oro en términos de inversión, sostenibilidad y riqueza. Por tanto, según el documento, es prioritario apuntalar el crecimiento, especialmente el de la energía solar fotovoltaica, puesto que la posición de partida de esta última es más discreta y el margen de crecimiento es enorme.

Castilla y León concentra, a día de hoy, el 17,8% de la potencia renovable de España. Es la Comunidad Autónoma que más potencia renovable instalada posee y, además, esa energía limpia supone el 96% del total de potencia energética instalada en la región. Esto la convierte también en la primera Comunidad Autónoma de España en términos de volumen de energías limpias respecto a su total. Según Diego Sánchez de la Cruz: «Esta posición de liderazgo y la inversión asociada se vería amenazada como consecuencia de la excesiva burocracia administrativa y las trabas existentes a la hora de ejecutar un proyecto».

Un ejemplo práctico de ello es lo que sucede en el municipio de Renedo de Esgueva, en la provincia de Valladolid, donde se ha parado la construcción de una planta fotovoltaica con una inversión prevista de 40 millones de euros, además de 5 millones de euros contemplados en aportación a las arcas municipales y la creación de 100 puesto de trabajo en un centro de operaciones asociado.

De forma incomprensible, esta operación se ha bloqueado hasta la fecha por el ayuntamiento municipal, a pesar de cumplir con todos los trámites burocráticos pertinentes, incluyendo las declaraciones positivas de impacto ambiental y de utilidad pública. Este caso, señala el informe, supone una mala señal para el desarrollo del sector en la región, puesto que podría ahuyentar posibles y futuras inversiones en Castilla y León.

Conclusiones y recomendaciones

Según Diego Sánchez de la Cruz, director de Foro Regulación Inteligente: » El sector de las energías renovables ofrece una importantísima oportunidad de crecimiento y desarrollo económico, especialmente para Castilla y León, una región con unas condiciones inigualables para convertirse en líder europea en generación e inversión verde, pero ello requiere de un marco de seguridad jurídica. En caso de no producirse cambios en los complejos procesos burocráticos, las consecuencias no solo afectarán a las empresas dedicadas a esta rama de la producción, sino también a toda la economía regional».

Si España y Castilla y León quieren conseguir los objetivos marcados por Bruselas, es vital generar seguridad jurídica, para lo que nuestro país debe repensar su marco regulatorio para convertirlo en algo mucho más ágil e inteligente. En caso de no producirse este cambio, las consecuencias no solo afectarán a las empresas dedicadas a esta rama de la producción, sino también a toda la economía regional y nacional.

Entre las principales conclusiones y recomendaciones que aporta el informe, destaca que España en general, y Castilla y León en particular, se enfrentan a numerosos retos, uno de los más importantes es el de aumentar su producción energética, que debería estar más diversificada y tener un menor impacto en el medio ambiente.

Para ello, según el informe, se requiere apostar decididamente por las energías procedentes de fuentes renovables, como son el caso de la eólica y especialmente la energía solar fotovoltaica en el caso de Castilla y León. España necesita nuevas inversiones porque ocupamos una posición intermedia en los rankings europeos y el atractivo está ahí.