Las redes 5G de la UE necesitan un nuevo impulso
En un informe especial publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo (el Tribunal) pide que el despliegue de la tecnología 5G (nueva norma mundial de transmisión inalámbrica para redes de telefonía móvil) reciba un nuevo impulso en la UE.
Los Estados miembros han sufrido un gran retraso en la implantación de las redes 5G, lo que pone en peligro la consecución de los objetivos de la UE sobre el acceso a la red y su cobertura. Paralelamente, los auditores afirman que hace falta un mayor esfuerzo para resolver los problemas de seguridad del despliegue de manera coherente y concertada.
Los servicios 5G son fundamentales para un amplio abanico de aplicaciones innovadoras que benefician a numerosos sectores de la economía de la UE y mejoran la vida cotidiana de los ciudadanos. Según las estimaciones, la 5G podría añadir hasta un billón de euros al producto interior bruto (PIB) de la UE entre 2021 y 2025, además de crear o transformar hasta 20 millones de puestos de trabajo. La tecnología 5G ofrece muchas oportunidades de crecimiento, pero no está exenta de riesgos: el escaso número de proveedores capaces de construir y operar redes 5G aumenta la dependencia y los riesgos por la interferencia de «agentes estatales hostiles».
En su plan de acción de 2016, la Comisión Europea fijó el plazo de 2025 para el despliegue de la tecnología 5G en todas las zonas urbanas y en las principales vías de transporte. En marzo del año pasado estableció otro objetivo de lograr una cobertura 5G paneuropea de aquí a 2030. Sin embargo, como observan los auditores, solo la mitad de los Estados miembros han introducido estos objetivos en sus estrategias nacionales de 5G. La Comisión ha prestado su apoyo a los Estados miembros en la consecución de estos objetivos a través de distintas iniciativas, directrices y alternativas de financiación. Sin embargo, nunca ha definido claramente la calidad esperada de los servicios 5G. Los auditores subrayan que esto podría provocar desigualdades en el acceso a los servicios 5G y en su calidad en toda la UE, lo cual acentuaría aún más la «brecha digital».
«En toda la UE se gastarán hasta 400 000 millones de euros en el desarrollo de redes 5G de aquí a 2025 para apoyar el crecimiento económico y la competitividad futuros. Sin embargo, por el retraso de muchos Estados miembros, la UE se encuentra aún lejos de aprovechar los beneficios que brinda la 5G», afirma Annemie Turtelboom, Miembro del Tribunal responsable del informe. «Asimismo, la actitud de los Estados miembros ante la seguridad 5G, con la consiguiente necesidad de que actúen de manera concertada, es todavía una cuestión de importancia estratégica para la soberanía tecnológica y el mercado único de la UE».
Los Estados miembros (salvo Chipre, Lituania, Malta y Portugal) cumplieron el objetivo intermedio para 2020 de procurar que, al menos, una gran ciudad tuviera acceso a la 5G. Pero muchos países de la UE no van bien encaminados para desplegar sus redes 5G. La Comisión considera que, en dieciséis de ellos, la probabilidad de lograr el objetivo de 2025 es media en el mejor de los casos (Austria, Chequia, Estonia, Alemania, Irlanda, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovenia) y baja en el peor (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre y Grecia). En noviembre de 2021, veintitrés Estados miembros no habían transpuesto aún la Directiva de la UE, en la que se fijan plazos para la asignación de las bandas pioneras de 5G, entre otras medidas. Al ritmo actual de implantación, los auditores señalan que probablemente no se cumplan los objetivos de la UE para este decenio.
Con el despliegue de la 5G se producen problemas de seguridad. Los proveedores localizados en países de la UE deben cumplir las normas y obligaciones legales de la Unión. Pero seis de los ocho mayores proveedores, como la china Huawei o la surcoreana Samsung, no se encuentran en la UE. La legislación en terceros países puede ser muy diferente a las normas de la UE, por ejemplo, en cuanto a la protección de datos personales. Para los auditores es preocupante que los usuarios de la UE puedan estar sujetos a legislación extranjera si los centros de control están fuera de la Unión. La Comisión respondió con rapidez cuando la seguridad de las redes 5G llegó a ser un grave problema en la UE: el conjunto de instrumentos de la UE para la ciberseguridad de la 5G fue adoptado en enero de 2020, pero ya era tarde, puesto que una serie de operadores de redes de comunicaciones móviles ya habían seleccionado sus proveedores.
Los auditores también observaron que, a pesar del carácter transfronterizo de los problemas de seguridad de las redes 5G, se dispone de poca información pública sobre el modo en que los países de la UE gestionan las cuestiones de seguridad y, en particular, el problema de los proveedores de alto riesgo. Debido a ello, es difícil para los Estados miembros seguir un enfoque concertado, y también queda limitada la capacidad de la Comisión de proponer mejoras a la seguridad de las redes 5G. Como observaron los auditores, las medidas del conjunto de instrumentos carecen de efecto vinculante en la práctica, por lo que los Estados miembros aplican enfoques divergentes en el uso del equipo procedente de distintos proveedores o el alcance de las restricciones a proveedores de alto riesgo. Por otro lado, el hecho de que los Estados miembros deban excluir a los proveedores de alto riesgo de sus redes sin un período de transición puede generar elevados costes de sustitución. Actualmente, no está claro si la compensación de estos costes podría considerarse ayuda estatal, y si se ajustaría a las normas de competencia de la UE.
Hasta la fecha, la Comisión no ha valorado las posibles consecuencias de que un Estado miembro desarrolle sus redes 5G utilizando equipos de un proveedor considerado de alto riesgo en otro Estado miembro. Los auditores advierten que esta situación podría afectar a la seguridad transfronteriza e incluso al propio mercado único de la UE.