La Fundación La Casa que Ahorra insta al Gobierno a aprovechar los fondos del Plan de Recuperación para abordar la modernización del parque edificatorio nacional
Una correcta gestión de los Fondos Europeos destinados a la rehabilitación energética se traducirá en salud, ahorro, seguridad y empleo.
La Fundación La Casa que Ahorra, organización que agrupa a empresas líderes del sector de la construcción con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la eficiencia energética, ha hecho un llamamiento para que el Gobierno gestione correctamente los fondos provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en medidas que ayuden a España a cumplir su compromiso de avanzar hacia el objetivo marcado en el Pacto Verde Europea de tener una economía climáticamente neutra en 2050.
Concretamente, 6.320 millones de los fondos europeos están destinados a políticas de rehabilitación y regeneración del parque de edificios, y no podrían llegar en un mejor momento teniendo en cuenta, por un lado, las condiciones mejorables en materia de eficiencia energética de nuestro parque edificatorio y, por otro, las cambiantes necesidades habitacionales de la población, que han surgido a raíz de la pandemia: un camino que no tiene vuelta atrás porque estos cambios van ligados a temas como la conciliación, la calidad de vida en nuestras ciudades o la sostenibilidad.
Sin embargo, la Fundación La Casa que Ahorra incide en que el reto al que nos enfrentamos no solo tiene como fin el aumento de la eficiencia energética. Las mejoras que se vayan a acometer en los próximos años tendrán un coste económico significativo y tendrán que dar respuesta a las necesidades de la población para, por lo menos, los próximos 40 años. Y en este sentido, España tiene la oportunidad de mejorar la protección de los edificios ante incendios o el nivel de insonorización en las viviendas, que actualmente es tan deficiente que refuerza la posición de España como segundo país en el ranking de los países más ruidosos del mundo.
Albert Grau, gerente de La Fundación La Casa que Ahorra, ha comentado, “Nuestro país adolece de un parque edificado poco eficiente en el uso de la energía, si tenemos en cuenta que el 90% del parque inmobiliario español se construyó cuando no existía ningún Código Técnico de Edificación, un factor que tiene consecuencias importantes para la salud, la seguridad y el confort de los habitantes de nuestro país y contribuye a la pobreza energética de una parte significativa de la población. Ante esta realidad, es fundamental que las Administraciones Públicas aprovechen esta oportunidad única para ayudarnos a mejorar la habitabilidad de nuestros edificios, y aún más en un momento en el que, al estar muchos meses confinados, la población es más consciente que nunca de estas carencias”.
Salud, empleo y ahorro
Un estudio llevado a cabo por la Fundación en 2016 estimaba que una vivienda rehabilitada reduce sus costes sanitarios y laborales para el Estado en unos 400€ al año, aproximadamente, además de más de 550 €/año en ahorros energéticos para el usuario. Esto es consecuencia de permanecer en espacios saludables y en buenas condiciones -acústicas, térmicas, seguridad, etc.-, traduciendo el impacto positivo en la salud de sus ocupantes y, por lo tanto, en un ahorro en costes sanitarios (bajas laborales, medicinas u hospitalizaciones). Un dato para tener en cuenta vista la acuciante necesidad de reducir el déficit de las administraciones públicas, y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y la economía nuestros bolsillos.
En concreto, los edificios son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de la contaminación con gases de efecto invernadero. España tiene por delante un objetivo a tres años vista que contempla la rehabilitación energéticamente eficiente y regeneración urbana de 480.000 viviendas que, a su vez, supondrá la creación de más de 120.000 nuevos puestos de trabajo. A su vez, el aislamiento de gran parte del parque edificatorio de nuestro país también supone un reto para la protección contra incendios que, aunque no se pueda revertir de manera inmediata, sí nos alerta de la necesidad de reducir riesgos en algunas tipologías de edificio, ya sea por su uso ya sea por su altura. Algo que ya se está haciendo en otros países como el Reino Unido, pero que en España sigue siendo una asignatura pendiente.
La partida presupuestaria destinada a la rehabilitación también puede contribuir a la erradicación de la pobreza energética dado que la así llamada ola de rehabilitación permitirá dotar a las personas, independientemente de su nivel de renta, de viviendas resilientes, con menores gastos energéticos y por tanto, una menor volatilidad del gasto de las familias ante nuevas subidas del precio de la energía u otros factores externos que se escapan del control del consumidor.
Nos encontramos ante una oportunidad única para dotar a nuestro país de viviendas y barrios no solo energéticamente eficientes, si no también saludables, confortables y comprometidos con el medio ambiente y la seguridad. Es importante hacer una correcta gestión de estos fondos si queremos que cada euro invertido, además de tener un retorno, sirva para reducir las emisiones de CO2 y contribuya al mantenimiento y la calidad de nuestras ciudades.