Aplicar un IVA reducido a un recurso básico como la electricidad supone un acierto y reclamamos que se mantenga de aquí en adelante
La problemática actual es consecuencia de la no fijación de precios de forma racional ni transparente, lo que exige una reforma ambiciosa, integral y urgente de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
El elevado precio en el mercado eléctrico no debe ser el principal motivo para una rebaja fiscal que ya era necesaria previamente.
La Fundación Renovables ha recibido con satisfacción el anuncio del pasado martes, en el Consejo de Ministros, y la aprobación el jueves, por parte del Gobierno, de una rebaja del IVA de la electricidad del 21% actual hasta el 10% para una parte de los consumidores eléctricos. Esta ha sido una propuesta y una demanda histórica por parte de la Fundación Renovables, y supone un respiro a la escalada de precios en la factura eléctrica, pero que, ante la previsión de precios al alza, requiere de una reforma estructural del mercado eléctrico.
La aprobación del Gobierno ha sido muy bien recibida en la organización ya que la demandamos en enero de este mismo año, junto con otras medidas para reducir el precio de la luz, en nuestro informe “¿Qué hacemos con la tarifa eléctrica? Ideas y propuestas para su desarrollo desde el objetivo de electrificación de la demanda”.
Junto con la buena medida de la eliminación en el tercer trimestre del impuesto de generación eléctrica del 7%, que también debería ser permanente, porque este impuesto no responde al criterio medioambiental que debería tener ya que se aplica a toda la generación, sea respetuosa con el medioambiente o no, la reducción del IVA beneficiará a la mayoría de los consumidores domésticos como sujetos pasivos de IVA, al aplicarse para potencias contratadas menores de 10 kW hasta final de este 2021. Sin embargo, su aplicación se ha ligado siempre a que el mercado eléctrico mayorista tenga un precio final mayor a los 45 €/MWh, condición que consideramos que debería de eliminarse, porque esta es una medida que tiene su razón de ser en favorecer la electrificación de la demanda y en reducir el precio final de un bien de primera necesidad y no como medida para salvar una situación de precios no controlada.
Demandamos que la rebaja del IVA sea permanente de ahora en adelante y se aplique a todos los sujetos pasivos. El 21% de España hace que los consumidores soporten el IVA más alto de entre los países europeos y la bajada permanente al 10% sólo nos acercaría a la media, todavía lejos de países como Italia, Portugal o Francia, que lo tienen más bajo. Además, proponemos que para los consumidores y las familias vulnerables se reduzca hasta el 4%, tendente hacia su exención total para esa tipología de sujetos pasivos.
Al margen de la tramitación, y esperemos aprobación en el Congreso de la creación del Fondo Nacional para la Seguridad del Sistema Eléctrico (FNSSE), (41% de los costes regulados sobre la base de 2019) y del Anteproyecto de ley por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico, seguimos abogando por una reforma integral y urgente de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. La política de medidas puntuales con periodos de tramitación largos pone en riesgo la transición hacia un modelo energético sostenible al no disponer de un marco integral de actuación y aumentar la inestabilidad jurídica y regulatoria.
Como principal objetivo de la política energética, es necesario actuar cuanto antes en reducir el precio de la electricidad al ser el vector principal de la transición energética.